Por Marcel Claude, economista y director ejecutivo de Océana
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por negar el acceso a la información pública, tras una solicitud al Comité de Inversiones Extranjeras, relacionada con el proyecto Trillium en 1998. El fallo determina que “el Estado viola el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención".
Estos derechos esenciales de la democracia son vulnerados constantemente en nuestro país, lo que impide cualquier consolidación de una institucionalidad justa y libre, donde los ciudadanos puedan participar del proceso de toma de decisiones sin ser perseguidos judicialmente por sus denuncias o expresiones. Además, una parte constitutiva de la libertad de expresión es el derecho a la información, que no está resguardado en nuestra legislación ni en las prácticas de las autoridades.
Quienes amparan “la cultura del secretismo” deberán ahora corregir sus normas para responder al fallo de la Corte Interamericana, que censuró además los procedimientos de los tribunales de justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que los organismos encargados de administrar la justicia toman resoluciones sin fundamento, afectando seriamente el Estado de Derecho. Tal como sucedió en el inicio de este caso, cuando las Cortes de Apelaciones y Suprema rechazaron el recurso de protección interpuesto, sin pronunciarse sobre el fondo de las peticiones, pronunciando un fallo sin apego al derecho.
Con esto, se confirma una vez más que las instituciones y derechos que deben sustentar un sistema democrático de gobierno en Chile no se han consolidado, ratificando que la transición a la democracia sigue inconclusa. No obstante, el fallo abre la puerta para que se genere una nueva institucionalidad, donde la sociedad civil tenga acceso a una real participación. Ciudadanos libres e informados permiten el debate deliberativo necesario para generar políticas en favor de la sociedad en su conjunto y no solo de los privilegiados.
El fallo de la Corte Interamericana es un triunfo para la Libertad de Expresión, pero aún quedan ataduras que impiden sentenciar que este derecho se cumple en el país. Todavía existe la figura de “injurias y calumnias” con la cual se persigue a los ciudadanos que se atreven a denunciar la corrupción, y persiste una creciente concentración en la propiedad de los medios de comunicación, que atenta contra el pluralismo y la diversidad.
Los chilenos aún no gozan del libre derecho a expresar sus opiniones ni tampoco existe libre acceso a la información pública, pero la condena al Estado es un primer paso en el largo camino para consolidar un régimen verdaderamente democrático y justo en nuestro país.
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