LA CONTRALORÍA DE ANTOFAGASTA ACUSA QUE "ANDES TAIRA", UNA CONSULTORA QUE PERTENECE A LA ESPOSA DEL SENADOR RN CARLOS CANTERO, COBRÓ AL MUNICIPIO DE SIERRA GORDA TRABAJOS QUE NUNCA SE HICIERON. LA INVESTIGACIÓN PODRÍA SUSPENDER TEMPORALMENTE DEL CARGO A CARLOS LÓPEZ, ALCALDE DEL PUEBLO, MUY CERCANO AL PARLAMENTARIO.

La Nación Domingo informó en su edición del 22 de julio pasado que el fiscal regional del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Bonilla Lanas, confirmó que hace poco más de un mes entregó los antecedentes “sobre un posible fraude al fisco, en este caso contra la Municipalidad de Sierra Gorda”, refiriéndose a un dictamen emitido por la Contraloría en julio de 2006, en el que se establecen irregularidades en la firma de un contrato con la consultora Andes Taira.

La empresa –que pertenece a Mónica Barrios, esposa de Cantero– se comprometió a diseñar el plan de desarrollo educacional de la comuna. Pero la Contraloría determinó que, cuando se firmó el convenio, la confección del proyecto ya había comenzado, y que el plan, por el que la municipalidad pagó tres millones de pesos, fue evaluado mal técnicamente.
Durante la indagatoria, Barrios reconoció que el trabajo no se realizó, y que Andes Taira no había ofrecido sus servicios.

“Asegura la señora Barrios que le facilitó al señor Veas la factura de su empresa, que no cobró por el trabajo por cuanto nunca se realizó, percibiendo sólo el IVA. No obstante lo anterior, además la citada particular afirma que efectivamente firmó el contrato por la prestación de los servicios, por cuanto se lo llevó para dicho fin el señor Veas”, señala el fallo de la Contraloría.

El citado Waldo Veas, asesor de Cantero en el norte y ex funcionario municipal de Sierra Gorda, fue compañero de Mónica Barrios en la Facultad de Pedagogía de la Universidad del Norte.
El fiscal regional de Antofagasta, Jorge Mayne Moller, lleva una investigación para establecer posibles responsabilidades penales en la suscripción de este contrato. Por ahora descarta formalizaciones, y asegura que el proceso está todavía en etapa preliminar.

Aunque la investigación judicial comenzó recién en las últimas semanas, el contrato se firmó en septiembre de 2004. Meses después, en enero de 2005, año en que Cantero ganó la reelección, Geoandes –otra consultora en que el senador figura como socio junto a su esposa y que también hizo una oferta para adjudicarse el plan educacional– firmó un contrato con la Municipalidad de Sierra Gorda para capacitar al personal en el “sistema de compras, contrataciones públicas y clima organizacional”. El convenio dice que Geoandes recibirá 3.437.500 pesos, pero el decreto municipal que lo autoriza consigna que se pagaron cinco millones.
Edgar Plaza, jefe de gabinete del alcalde, y Yenny Lagunas, encargada de Salud de la municipalidad, estudiaron Geografía junto al senador. Y aunque no hay denuncias formales respecto a este contrato, Robert Araya, ex concejal UDI por Sierra Gorda y actualmente concejal de Antofagasta, levanta sospechas: “Si uno revisa los giros de estas empresas, no tienen nada que ver con lo que se contrató. Es habitual que estos contratos se hagan por amistad, pero también es vergonzoso que la esposa de un senador se aproveche de una comuna rica, pero donde sus habitantes viven en condiciones precarias”, dice Araya.
La figura de Carlos López genera fuerte resistencia en antiguos militantes de Renovación Nacional. El alcalde fue elegido presidente regional del partido en 2002, al tiempo que la tienda expulsaba a tres militantes por supuestas injurias contra Cantero y el propio López. En medio del escándalo, este último renunció al cargo “porque no podía compatibilizarlo con mi labor como alcalde”, dice. Araya asegura que hay méritos suficientes para que la Contraloría General investigue. “Creo que el contralor regional carece de independencia”, agrega.
Ramón Llaras, uno de esos militantes expulsados, conoce muy bien al senador y su protegido. “Trabajé con Cantero desde su primera campaña y fui asesor político de López, pero no por mucho andar con ellos uno se va a transformar en cómplice. Lo que ha pasado en Sierra Gorda es repudiable; no me parece correcto que el senador Cantero ocupe su cargo para intentar obtener beneficios. Eso se llama tráfico de influencias. Alguien podría pensar que se usó para campañas, yo no creo. Lo que sería más grave es que la plata fuera para echársela al bolsillo”, dice.