En la misma semana que se anunció la firma de los Tratados de Libre Comercio con China y Perú, el Tribunal Constitucional vetó uno de los principales artículos de la nueva Ley de Subcontratación. O sea, mientras el Gobierno festejaba por los acuerdos comerciales, los trabajadores nuevamente sufrían una derrota en la lucha por sus derechos. Y es así como funciona nuestra economía, simplemente, privilegiando al capital y a la gran empresa, menospreciando la fuerza laboral.
La Ley de Subcontratación será promulgada próximamente y representa un avance en esta materia, donde los trabajadores han sufrido por décadas prácticas que vulneran su dignidad y sus derechos. No se les pagan sus imposiciones previsionales, trabajan sin contratos y en actividades para las cuales no están capacitados. Por eso, la nueva normativa intenta regular esta situación que es extensiva en nuestra economía.
Así lo demostró la Encuesta de Empleadores (ENCLA) de 2002, que indicó que más de la mitad de las compañías afirman haber recurrido a terceros para adquirir personal de trabajo y que, lejos de ser una práctica poco utilizada, irá creciendo en los próximos años. La llamada gran empresa tiene la mayor proporción de contratos bajo este régimen, alcanzando a las tres cuartas partes de su mano de obra, mientras que la microempresa tiene un personal subcontratado inferior al 30%. Esto demuestra que entre mayores sean las ganancias brutas del negocio, existe más desigualdad y desregularización en el mercado laboral.
El sector con mayor cantidad de problemas es la agricultura con un 76,4% de mano de obra subcontratada. Sin embargo, el panorama es peor cuando se agrega el irregular sistema de temporeros y la marcada desprotección que sufre el trabajador -por ejemplo, estar expuesto a los distintos plaguicidas que se usan.
En definitiva, la gran empresa –que genera apenas el 20% de los puestos de trabajo- es la que más recurre a la externalización de mano de obra. Por esta razón, la nueva Ley pretendía establecer una relación solidaria entre la empresa contratista y la subcontratista para proteger a los trabajadores en el caso del no pago de sus derechos. Sin embargo, la UDI y RN impugnaron este artículo ante el Tribunal Constitucional, que finalmente lo vetó.
Mientras el senador Pablo Longueira se reunía con la directiva de la CUT para ofrecer talleres de capacitación en liderazgo sindical, rechazaba junto a Andrés Allamand un artículo de vital importancia para la protección de los trabajadores. Así, la Alianza por Chile resguarda a los grandes conglomerados económicos y deja en el total desamparo a los trabajadores, demostrando nuevamente qué intereses defiende la derecha en el Parlamento.