La dictadura instaurada el 11 de septiembre de 1973, por sectores reaccionarios de derecha, que tratan de esconder y dejar en el olvido su responsabilidad en este hecho repudiable, dejó establecida una secuela de violaciones a los derechos humanos, anuló las conquistas laborales y sociales y los derechos de los trabajadores, entronizó la exclusión política e impuso un sistema económico injusto que genera enormes desigualdades e injusticia social.
A treinta y cuatro años del golpe y tras diez y siete años de “transición a la democracia” se mantiene una situación de exclusión y discriminación de amplios sectores políticos y sociales, en varios aspectos se profundiza la injusticia social, se postergan reformas laborales. En materia de derechos humanos no se avanza en verdad ni se vislumbra la necesaria justicia en la mayoría de los casos de crímenes de lesa humanidad.
Grupos económicos y grandes empresarios son los privilegiados del sistema y gozan de todo tipo de franquicias, sin contrapeso alguno, para hacerse del control de nuestras riquezas básicas y así obtener utilidades gigantescas, gran parte de ellas producto de la especulación y los miserables salarios que pagan a los trabajadores.
Desgraciadamente también se mantienen vigentes prácticas autoritarias y represivas para impedir la expresión de las demandas sociales, criminalizar los conflictos laborales y constreñir la presencia ciudadana en los espacios públicos, tal cual como se hizo con las personas que pacíficamente querían rendir homenaje al Presidente Salvador Allende y a las miles de víctimas de la dictadura.
El señor Ministro del Interior le quitó el derecho a las Agrupaciones de Derechos Humanos, al Partido Comunista y otras organizaciones políticas y sociales de pasar por el costado de La Moneda y el monumento a Salvador Allende, cuando se conmemora el primer 11 de septiembre sin Pinochet y se inicia la celebración de los 100 años del natalicio de S. Allende.
Mientras se hacen esfuerzos por parte de organizaciones sociales y políticas para impulsar reformas y acuerdos que posibiliten terminar con la exclusión, el Ministerio del Interior asumió el día 9 de septiembre una posición de confrontación y represión contra organizaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos y los sectores políticos excluidos, crea un clima de inseguridad y amenaza, implantando un virtual estado de sitio en el centro de Santiago. No es la impronta de un gobierno de inclusión y de participación ciudadana.
Más aún, desde el Ministerio del Interior se pretende confundir a la opinión pública al poner en un mismo plano las movilizaciones sociales y los actos ciudadanos pacíficos con el vandalismo, las acciones armadas del narcotráfico, que introdujo la dictadura en las poblaciones populares y con la delincuencia que surgen como lacras del sistema. De esta manera crea un cuadro de confrontaciones falso y deja la iniciativa a sectores que preconizan la violencia por la violencia y se prestan para la justificación de las políticas represivas contra el movimiento social.
El Ministerio del Interior no puede ocultar su responsabilidad tras los hechos violentos ocurridos en la noche del 11 de septiembre en la Región Metropolitana, de no dialogar con las organizaciones de derechos humanos o con nuestro partido para concordar un permiso para la marcha y los homenajes y morigerar el clima de confrontación.
Ninguna organización de las que convocamos a la marcha del 9 y a los actos en la Plaza de la Constitución y a varios otros lugares de Santiago, como frente al Estadio Nacional, en la noche del 11 de septiembre, que se realizaron con absoluta normalidad, convocó a protesta.
La UDI, muchos de cuyos dirigentes son responsables de haber puesto en nuestro calendario esta efeméride del terror de estado, pretende culpar mentirosamente a nuestro partido, en una actitud anticomunista igual a la de la dictadura.
De lo ocurrido el 11 en la noche, está claro el aprovechamiento de delincuentes y narcotraficantes, que actúan con armas, según declaración de las propias autoridades y que produjeron el lamentable fallecimiento de un funcionario de Carabineros, hecho que repudiamos.
De confesiones de ex agentes de los servicios de seguridad de la dictadura se sabe que el narcotráfico era una fuente de su financiamiento, al respecto se debiera realizar una investigación exhaustiva de donde están las armas que esos ex agentes tenían en su poder.
Lo anterior se debe distinguir de lo que en parte fue una explosión social espontánea, que da cuenta de situaciones no resueltas y un descontento larvado hacia el modelo económico imperante, los bajos salarios, el transantiago, la falta de viviendas y otras demandas que el gobierno tiene la obligación de considerar.
Nuestro Partido hará todas las denuncias pertinentes respecto a las restricciones que se imponen a las manifestaciones no violentas, a la represión y a las arbitrariedades que se cometen contra manifestantes, por parte de entes estatales y no cejaremos en nuestra lucha por derrotar los enclaves institucionales que así lo permiten imponiendo situaciones de confrontación.
Los hechos de estos días hacen más urgente y perentorio alcanzar acuerdos y fortalecer la convergencia para terminar con la exclusión, avanzar en la democratización del país, en los derechos laborales, abrir cauce a la participación ciudadana, fortalecer el movimiento sindical y social y apoyarlo en sus justas demandas.

COMISION POLITICA
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

Santiago, 12 de septiembre de 2007".