Ante la arremetida de denuncias interpuestas por la Asociación Chilena de Radiodifusores (ARCHI), en contra de emisoras comunitarias en la V región y en la región del Biobío, declaramos:

Nuestro completo rechazo a la persecución en contra de Radio Placeres de Valparaíso, el cierre y decomiso de equipos de las radios Montedónico 2000, radio UV 15, Radio Conexiones, Radio Renacer de Lota, ya que se vulnera el derecho a la comunicación que todos y cada uno de los ciudadanos tiene en Chile, asi como la Libertad de Expresión que debiera garantizar la democracia.

La inconsistente acción del Estado, que con una mano reprime a las radios que por las injusticias del sistema de concesiones se han visto discriminadas en el acceso a las frecuencias, mientras con otra mano aprueba en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de radios comunitarias que no soluciona el fondo del problema de la distribución democrática del espectro radioeléctrico.

Manifestamos nuestro apoyo irrestricto a todos los medios de comunicación popular, independientes, alternativos y comunitarios que estos últimos meses se han visto amenazados o perseguidos por denuncias de particulares en los tribunales de justicia: Radio Sin Tierra de Villa La Reina, ND TV, Canal de TV Comunitaria de Malloco, Umbrales TV, Canal de TV Popular de Villa Francia, Radio La Voz de Estación Central, Radio 1° de Mayo de Pedro Aguirre Cerda, entre otros.

La Red de Medios de los Pueblos exige al estado chileno, un marco legal que permita la libertad de expresión de los movimientos sociales, organizaciones de base y reivindicaciones ciudadanas, mediante una administración justa y equitativa que garantice el acceso a la propiedad de los medios al sector privado, público y social- comunitario.

De los países de América Latina, Chile es el estado con una de las peores regulaciones con respecto a medios comunitarios y a las garantías que todo ciudadano y ciudadana tiene de informar y serinformado de forma objetiva.

Durante todos estos años de camino a la democracia, nuestro país ha legislado en materia de comunicaciones con los actores privados sentados a la mesa, lo que da cuenta de la marginación que han tenido actores sociales y movimientos ciudadanos del debate sobre la propiedad de los medios.

Demandamos el cese de las denuncias de privados en contra de radios comunitarias, la devolución de equipos que pertenecen a las comunidades afectadas y el respeto del derecho a la comunicación en el territorio nacional.