En el último cónclave del Partido Socialista, la Presidenta Michelle Bachelet propuso un plebiscito para reformar el sistema electoral binominal. Este arranque de sinceridad y generosidad de la Presidenta, provocó el enfado de la UDI, Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana, lo que demuestra que esas colectividades preferirían una negociación al estilo de la transición: entre los máximos dirigentes de los partidos políticos, a puertas cerradas, en donde nunca se sabrá el real contenido de los acuerdos alcanzados.
En un primer momento, el argumento para rechazar la propuesta de Bachelet fue su inconstitucionalidad y cuando el Gobierno cambió el nombre de plebiscito por el de consulta nacional, la derecha dijo que era muy costosa. Curiosamente, cuando se trata de discutir el financiamiento de las campañas políticas, que gracias al sistema binominal, siempre imponen candidatos de dudosa legitimidad democrática, el costo no pareciera ser una variable relevante, pero, cuando se trata de consultar la voluntad popular de forma directa, cualquier gasto es demasiado. Y cuando se pone en cuestión la supuesta democracia que opera en Chile, todos estos políticos binominales se escandalizan.
Lo cierto es que reducir a pesos el cambio del sistema electoral es simplemente ignorar las pretensiones de mayor democratización que exigen los chilenos. Desde el comienzo de la transición, los parlamentarios han sido electos a través del binominalismo, legado angular de la dictadura de Pinochet para hacer del todo inviable una real democratización del país. Lo grave es que esto le gusta en demasía a la Concertación.
La derecha históricamente ha sido minoría en el país, pero sus diputados y senadores ocupan la mitad del Congreso. Y en la otra mitad se ha acomodado la Concertación. En 16 años, no ha existido voluntad política para modificar el binominal, porque el sistema ha funcionado a la perfección para ambos conglomerados políticos, que han excluido a los independientes y a la izquierda.
Por eso, no sorprende que la misma elite se haya reproducido en esta transición, como si ocupar un puesto en el Parlamento fuera exclusividad de funcionarios de partidos políticos o de representantes de los grupos económicos. Es momento entonces de avanzar hacia una sociedad democrática y moderna, donde los representantes del pueblo sean electos por méritos y capacidades, y no por simples cálculos electorales de las grandes coaliciones.