Hace una semana, una nueva marcha, esta vez de profesores y estudiantes demostró que el descontento es creciente en una parte importante de la sociedad. Curiosamente, el nuevo Gobierno, que pretendía abrir caminos de participación y diálogo, se ha encontrado con una serie de conflictos y movimientos de protestas, ante los cuales no ha sido la tolerancia, sino la represión el mecanismo para enfrentarlos.Estos movimientos, ya sean gremios de la salud, de la educación o deudores habitacionales, entienden que la única manera de ser considerados es que sus demandas se transformen en asuntos políticos de relevancia.

Sin embargo, en la agenda tradicional del poder, estas peticiones son vistas como reclamos banales que pueden ser resueltos con un mezquino reajuste salarial o con la conformación de comisiones inoficiosas.Resulta un abuso autoritario que el Gobierno convierta –gracias a los medios de comunicación- en un campo de batalla toda movilización social. Finalmente no es más que una estrategia de coerción muy utilizada en regímenes autoritarios. Así, los manifestantes son presentados como delincuentes y sus manifestaciones como atentados al orden público. O sea, en Chile quienes salen a la calle a defender sus derechos son criminales que deben ser reprimidos. Incluso, se les prohíbe el paso por avenidas y se intervienen las marchas.

Esta forma de operar muestra la ineficacia política del Gobierno para llegar a acuerdos con los gremios sectoriales, básicamente porque la autoridad se encuentra limitada por compromisos ideológicos y políticos con los poderes fácticos, lo que la vuelve ineficaz también para aplacar las demandas sociales. En este caso no se quiere entender que los profesores no reclaman por una mejora salarial, sino por una mejor educación, lo mismo que los estudiantes.

Los deudores habitacionales no quieren solamente una rebaja en los intereses de sus créditos, sino que condiciones de vida dignas. Es la misma aspiración que se repite en los sindicatos, en los gremios, en los millones de chilenos que han visto truncadas sus expectativas. Ese descontento, tarde o temprano, se irá convirtiendo progresivamente en un grave conflicto para la actual institucionalidad política, lo que puede resolverse exclusivamente creando las condiciones democráticas que aún no existen.

Los movimientos emergentes de protestas expresan la necesidad de cambios estructurales, porque ya no basta con las negociaciones a medias tan habituales en estos 16 años de gobiernos de la Concertación. La insatisfacción social es uno de los males generados por esta forma de administración del poder, y quienes lo detentan aún no se dan por enterados.