Este domingo 24 de diciembre, la Fundación Pinochet difundió lo que considera el testamento político del ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien encabezó uno de los regímenes de facto más represivos y sangrientos en América Latina (1973-1990). Se trata de una carta póstuma en la que el ex militar intentó justificar las miles de violaciones a los derechos humanos y otras atrocidades perpetradas durante su reino del terror, un vano esfuerzo para mutar el juicio de la historia que ya lo ha condenado como uno de los más infames represores de la humanidad, a la altura de personajes como Anastasio Somoza en Nicaragua, Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana o Nicolae Ceaucescu en Rumania.

En la misiva, titulada Mensaje a mis compatriotas para ser difundido a mi fallecimiento, hay numerosos términos e interpretaciones sobre los sucesos políticos en Chile que revelan la visión sesgada, parcial y distorsionada que Pinochet tenía sobre su actuación como el máximo dirigente de su país.

Según su opinión, el objetivo de la sublevación militar que acabó con la presidencia de Salvador Allende ­y de paso con la democracia más antigua y sólida de América Latina en aquellos años­ fue el de evitar una guerra civil. Añadió que las fuerzas castrenses tuvieron que actuar "con máximo rigor" mediante "procedimientos de control militar, como reclusión transitoria, exilios autorizados, fusilamientos con juicio militar". Siguiendo este orden de ideas, el ex dictador sostuvo que nunca hubo un "plan institucional" para organizar la represión contra sus opositores, que posiblemente nunca se conozcan los detalles y circunstancias de cientos de asesinatos y desapariciones y dijo que este tipo de conflictos son "fuente de abusos y exageraciones", por lo que catalogó su régimen de "dictablanda". Inclusive llegó al extremo de declararse "orgulloso" por su forma de enfrentar al legítimo gobierno de Allende.

Estas afirmaciones son un último intento por justificar lo que bajo ningún pretexto es justificable: los excesos ­léase genocidio y crímenes de lesa humanidad­ de un régimen impuesto por la fuerza bruta en contra de la voluntad de la mayoría de los chilenos. De acuerdo con organizaciones de defensa de los derechos humanos, la dictadura pinochetista dejó un saldo de al menos 3 mil muertos, unos mil desaparecidos, cerca de 30 mil torturados y más de 200 mil exiliados. Estas cifras aterradoras demuestran que sí hubo un plan deliberado para terminar a sangre y fuego con todo signo de oposición a la autoridad de Pinochet y que el concepto de "dictablanda" sólo existió en la mente del ex militar: de hecho, por definición, no hay autocracias buenas; todas son un atentado a las libertades civiles, pervierten las instituciones del Estado y se sostienen con el poder de la represión.

Prueba de ello son las diversas causas judiciales que Pinochet tuvo que encarar en sus últimos años, como los casos de la Caravana de la Muerte (un escuadrón militar que recorrió el país para asesinar opositores), Villa Grimaldi (un campo de concentración donde se practicó la tortura sistemáticamente), la Operación Colombo (para encubrir la desaparición de 119 opositores), la Operación Cóndor (un plan de las dictaduras sudamericanas para coordinar la represión contra sus opositores), y de la Calle Conferencia (operativo para acabar con la cúpula del Partido Comunista chileno), entre otros. Inclusive el prestigio de Pinochet como un "gobernante honesto" quedó en entredicho debido al caso del banco Riggs, en donde se detectaron millonarias cuentas a nombre del ex dictador y su familia y que también involucra delitos como la evasión fiscal, entre otros.

Sin embargo, a final de cuentas, la historia es ajena a esta clase de interpretaciones con motivaciones ideológicas y sus juicios son implacables: como dijo el presidente del Partido Por la Democracia, Sergio Bitar, la carta "es un maquillaje histórico y un intento de blanquear la figura del ex gobernante".