Una delegación de una misión internacional que la semana pasada constató situaciones de violencia contra el pueblo mapuche entregó este lunes un informe sus conclusiones y recomendaciones a la Presidenta Michelle Bachelet.

La comitiva que entregó el informe estuvo encabezada por Rocio Vásquez, abogada del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis) de Bolivia, y Morita Carrasco, antropóloga del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y docente de la Universidad de Buenos Aires.

En su informe, la misión da cuenta de situaciones que a su juicio constituyen graves violaciones a los derechos humanos, así como concepciones racistas en las instituciones del Estado, perceptibles en prácticas de maltrato verbal y físico y abuso en contra de los mapuche.

La delegación visitó durante los días viernes 26 y sábado 27 de enero diversas comunidades mapuches, entre ellas las de Temucuicui y Maquehue, donde escuchó el testimonio de sus integrantes, incluidos niños, jóvenes, mujeres y ancianos.

Además, se entrevistaron con el general jefe de zona de Carabineros, Augusto Carmona, para representarle su preocupación por estos hechos.

La comitiva contó con la presencia de representantes de organismos de derechos humanos y de cooperación de Argentina, Bolivia, Chile y Nicaragua, así como distintos profesionales y personalidades de la sociedad civil chilena.

Entre las principales constataciones de la misión se encuentran las siguientes:

-Excesos en el uso de la fuerza pública de carabineros y la Policía de Investigaciones en allanamientos en comunidades mapuche, afectando de manera especial a mujeres, ancianos y niños.

-Uso de armas letales por agentes policiales, en ocasiones no identificados, en contra de los mapuche, sin que exista proporcionalidad frente a los medios de defensa por ellos utilizados.

-Restricción al derecho a la libre circulación de integrantes de comunidades mapuche;Interrogación a niños en situación de aislamiento de su entorno familiar.

-Presencia permanente de efectivos policiales y personas de civil armadas no identificadas en comunidades mapuche en conflicto, atemorizando a sus integrantes.

-Destrozo y apropiación indebida de bienes y documentación histórico-cultural relevada por las comunidades para fundamentar sus derechos ancestrales.

-Uso de expresiones racistas (indios de …, mapuchones, negros, etc.) por parte de agentes del estado en allanamientos a comunidades mapuche.

-Trato discriminatorio a los mapuche en los servicios públicos de salud cuando concurren para ser atendidos por lesiones causadas en allanamiento u otras situaciones de violencia en contra de sus comunidades.

-Celo excesivo en la actuación del Ministerio Público en investigaciones por supuestos delitos cometidos por los mapuche, en contraste con su pasividad en la investigación de los delitos cometidos por particulares en contra de ellos.

-La misma situación se constata en el actuar de la justicia militar al investigar los delitos que cometen los agentes del estado en contra de los mapuche, los cuales quedan en la impunidad.

-Hostigamiento a defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas a través de procedimientos investigativos no públicos y robo de información documental sobre casos denunciados.

-Uso de recursos de la ciudadanía para proteger intereses de particulares en clara desigualdad con los de otros sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, la disponibilidad de agentes de Carabineros para custodiar fundos privados.

1. Se brinde información detallada del grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU en su informe de misión a Chile (2003), así como aquellas formuladas por Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas (2004) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (2006) en lo que atañe a hechos como los que aquí se han constatado.

2. Que la Presidencia de la República constituya una Comisión ad hoc que investigue, esclarezca y pueda formular recomendaciones para que cesen las violaciones a los derechos humanos aquí mencionados, se sancione a los culpables y se reparen los daños causados.

3. Se retire la presencia policial de las comunidades mapuche.

4. Se provean medidas especiales de protección a los miembros de comunidades que sufren traumas motivados por la violencia policial.

5. Se disponga el cese inmediato de los interrogatorios a niños en situación de aislamiento de los mayores y se provean sanciones para sus responsables.

6. Se garantice el libre ejercicio profesional de los integrantes de organismos de derechos humanos.