El ataque policial y represivo contra el senador Navarro marca un clima político con un antes y un después dentro de la Concertación misma. Los hechos recientes muestran claramente que éste es un gobierno adicto a la mano dura y que el ministro del Interior, Belisario Velasco (DC), y su subsecretario, Felipe Harboe (PPD), son una vez más los responsables directos de la violencia policial. Esta vez contra la protesta antineoliberal convocada por la CUT. Los procedimientos represivos revelan reflejos represivos previsibles. Sin embargo, el concertacionismo en su conjunto romperá vestiduras.

Es lógico suponer que las diferencias con un hipotético gobierno de la Alianza, en lo que respecta a la visión del mantenimiento del orden público, sean sólo de matices. A una manifestación con un signo de izquierda, en un gobierno de la Alianza, es evidente que no irían parlamentarios de derecha. Pero Navarro no es un senador cualquiera. Es un senador de la izquierda de la Concertación: el más coherente y consecuente; de extracción popular y ex dirigente y luchador estudiantil.

Es verdad que el senador Navarro pudo haber llamado por teléfono al celular del ministro Velasco, miembro de su propia coalición, pero nada indica que Belisario Velasco -el hombre del Orden- hubiera aceptado las demandas del político del ala izquierdista del PS de retirar las fuerzas policiales y dejar que las marchas se realizaran sin provocación policial. La historia de Chile es testaruda. Nos muestra que los ministros democratacristianos del Interior son incondicionales al uso de la mano dura. La violencia represora ha ido demasiado lejos en este régimen político de democracia liberal restringida. El esquema represivo se repite una y otra vez: contra los estudiantes, contra los dirigentes del pueblo mapuche, contra los trabajadores forestales, contra los trabajadores subcontratistas del cobre, contra los trabajadores y trabajadoras de Agrosuper y ahora contra dirigentes sindicales y políticos del mismo partido oficialista (PS). La violencia, que no cae en el foco mediático y que ronda en las poblaciones, debe ser terrible. Ya murió un trabajador maderero y cada vez hay más heridos en las golpizas policiales. La tendencia se mantuvo, ya que el ejercicio del poder embrutece y el ejercicio del poder durante 17 años puede embrutecer demasiado.

Una mujer dirigiendo el Estado no cambia el carácter de la violencia patriarcal y de clase que emana de los poros del propio sistema de dominación. Y el discurso de las máximas autoridades concertacionistas lleva el signo del monopolio de la violencia ejercida por el Estado de manera éticamente ilegítima. Es de antología la siguiente declaración de Felipe Harboe: "así como convocan a una marcha sin ningún destino, sería bueno que hicieran un llamado a sus supuestos dirigidos a mantener la tranquilidad, porque no queremos que personas completamente inocentes resulten afectadas por ciertos manifestantes que intentan hacer de la violencia su actividad habitual".

El señor Harboe sabe perfectamente que las marchas fueron convocadas por la CUT en reacción a la política neoliberal de un gobierno resultado de una coalición de partidos que, teniendo una gran deuda con el sindicalismo, es reacio a satisfacer las demandas legítimas de los trabajadores. Mientras que el Gobierno convoca a dialogar a un granado grupo de personalidades en una Comisión por la Equidad acerca de las medidas orientadas a remediar la desigualdad obscena, el movimiento sindical no cuenta con las leyes ni con los derechos (a huelga pleno por ej.) para lograr transformarse en un actor político que participe en la construcción de un Chile más justo y solidario. Los trabajadores no son comparsas, son protagonistas; es el sentimiento que se desprende de las declaraciones del dirigente sindical Arturo Martínez.

El subsecretario debió haber sido informado, por la Presidenta y por el ministro, del carácter democrático de la movilización sindical. Los trabajadores, al manifestar, no han hecho más que ocupar un espacio democrático en la lucha entre los intereses antagónicos del capital y del trabajo en una sociedad capitalista. Negar tales antagonismos reales con la retórica abstracta del diálogo, el pacto social y la búsqueda a ultranza de consensos puede tener connotaciones con sesgo totalitarios. De ahí viene la tentación del uso de la fuerza. Reprimir el derecho a manifestar es propio de Estados y gobiernos autoritarios.

En todas las sociedades democráticas hay marchas, protestas y manifestaciones convocadas por grupos claramente opositores. La violencia política que emana del Estado debe ser controlada en un espacio simbólico donde el conflicto es real y existe. Negarlo es peligroso. Cuando hay excesos se impone una comisión investigadora que distribuye responsabilidades y sanciones en los más altos niveles. Se impone desprogramar los reflejos pavlovianos de la violencia estatal heredada del aparato represor dictatorial. Exigir la renuncia del Ministro del Interior. También cabe preguntar al senador Navarro si después de haber sufrido en carne propia la violencia estatal emanada del gobierno de la Concertación, está dispuesto a asumir una actitud de ruptura con un gobierno neoliberal y con tintes represivos para construir una auténtica alternativa democrática y de izquierda antineoliberal.