Una nueva serie de irregularidades arrojó la segunda fiscalización técnica, administrativa y financiera desarrollada por la Contraloría Regional de Antofagasta, a petición del senador Carlos Cantero, respecto a los subsidios habitacionales del programa de Protección del Patrimonio Familiar, referido a proyectos de reparaciones de viviendas en Tocopilla, a cargo del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).
Esta nueva fiscalización, se suma a la de fines de Junio de este año, que detectó irregularidades en el uso de recursos públicos ejecutados en el programa de demoliciones de viviendas en Tocopilla, tras el terremoto de Noviembre del 2007, que afectó a la Intendencia Regional.
Cantero explicó que el objetivo de esta nueva fiscalización consistió "en verificar el comportamiento de la inspección de obras, comprobando que los trabajos efectivamente se hubieran ejecutado de conformidad a la calidad correspondiente, y por otra, que los pagos realizados representaran un avance físico real. Asimismo, validar los antecedentes administrativos que respaldaron los pagos efectuados a los contratistas y el cumplimiento de lo estipulado en las normas legales, en relación con la asignación de subsidios".
Desde el punto de vista de la inspección física de las obras, el senador antofagastino aseveró que "el objetivo consistió en corroborar que la información contenida en las denominadas "fichas de daños", para la obtención del subsidio de reparaciones, concordaran con las obras ejecutadas, las que en definitiva sirvieron de base para los correspondientes pagos".
En relación con los pagos de subsidios por reparación de viviendas, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta informó que, al 16 de septiembre de 2008, se habían otorgado mil 53 pagos, por la suma de cuatro mil 216 millones 650 mil 572 pesos, de los cuales se fiscalizaron 33 casos, 19 incluidos en la presentación efectuada por el Senador Cantero y 16 que fueron agregados por la Contraloría Regional, por un valor total de 123 millones 417 mil 129 pesos.
Como resultado de la fiscalización efectuada, la Contraloría Regional observó un conjunto de irregularidades: incumplimientos de parte de los contratistas, relacionados con la falta de ejecución de algunas partidas y/o trabajos y faenas mal desarrolladas y también falta de control por parte de los supervisores y del propio Serviu.
Asimismo, la Contraloría de Antofagasta verificó la inexistencia de especificaciones técnicas y presupuestos de los contratistas, en 27 de los 33 casos analizados.
"Si los resultados de la muestra se proyectan a la totalidad de casos, es evidente que existe un problema grave de Probidad (en su esfera de eficiencia y eficacia) y que es ineludible que se persigan a los responsables, tanto desde un punto de vista administrativo, civil y penal", aseguró el senador
La Contraloría no evidenció que el Serviu haya formulado observaciones de carácter técnico o emitido instrucciones para subsanar la calidad de las partidas mal ejecutadas o exigir la realización de aquellas no efectuadas.
Además se constató que las reparaciones efectuadas no siempre fueron coincidentes con aquellas efectivamente desarrolladas, toda vez que, luego de aprobadas las fichas de daños, los propietarios convenían directamente con el contratista los trabajos a ejecutar, sin que la inspección técnica tomara oportuno conocimiento ni otorgara la aprobación respectiva.
En tanto, se comprobaron trabajos no ejecutados por más de 49 millones de pesos.